Esta nueva ley fue aprobada gracias a un consenso entre el PRO, el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica y Diálogo por Buenos Aires. La iniciativa estaba en la Legislatura desde 2006 y consiste en la prórroga y modificación de la ley 2.548 donde se multiplica la protección del patrimonio arquitectónico hasta diciembre de 2010.

Con esta medida, cada vez que haya un pedido de demolición de un edificio que fue levantado antes del 31 de diciembre de 1941, que es el año en que se hizo el primer catastro de la Ciudad, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales deberá analizar el caso. Este organismo determinará si el edificio es de valor patrimonial en un plazo no mayor a 30 días y definirá si se permite o no la demolición. Según determina la ley, este procedimiento se mantendrá hasta diciembre de 2010. Para esta fecha, el Ministerio de Desarrollo Urbano deberá tener elaborado un catálogo con todos los inmuebles de valor patrimonial de la Ciudad, que ya estarían protegidos de cualquier modificación. «Con este catálogo, se terminará el problema de la falta de protección de las construcciones históricas, porque estaría definido cuáles son los edificios que no se pueden tocar», dijo Santiago Pusso, del grupo Basta de Demoler.